El proceso de Manhattanville está bajo vigilancia

El proceso que Columbia utilizó para negociar partes de su plan de expansión del campus de Manhattanville con los vecinos y políticos locales tiene muchas fallas, según el New York City Bar Association.

En un informe del 8 de marzo sobre el uso de “acuerdos de beneficios de la comunidad” a nivel de la ciudad, el Bar Association—una organización de abogados que aboga por mejoras en las prácticas legales—criticó el proceso de negociación del CBA y hizo un llamado para la regulación de esto por parte de la ciudad.

El CBA es un documento contractal legal en el cual el promotor promete ciertas ventajas para aminorar el impacto de la construcción en el vecindario local. El acuerdo final es el producto de las negociaciones entre el promotor y un grupo ad hoc que pretende representar el espectro completo de los interese de la comunidad. Aunque esto se ha convertido en un método popular en años recientes, algunos dicen que debido a que el proceso carece de criterios estándares, no siempre produce acuerdos favorables para las partes involucradas.

En 2006, en consulta con grupos locales representando grupos particulares, tales como los inquilinos y asociaciones de negocios pequeños, el Community Board 9 local elegió a 13 individuos para servir en el West Harlem Local Development Corporation. Los representantes para los siete oficiales elegidos fueron añadidos luego.

El LDC se reunión con oficiales de la Universidad por un periodo de tres años para negociar un acuerdo bajo el cual Columbia proveerá $150 millones para, entre otras cosas, la vivienda a costo razonable y una nueva escuela pública. La Universidad ha designado ciertas áreas que recibirán los fondos directamente, pero prometió $76 millones del total para el LDC para que distribuya a su discreción.

El informe del Bar Association pone en alto la preocupación de que cuando se negocian los CBAs departe de la comunidad, la comunidad no es siempre bien representada. Los CBAs mal negociados, dice el informe, pueden “comprometer la buena planificación y las regulaciones del uso de tierra” y ser difícil de imponer.

“En algunos casos, las personas que negocian los CBAs no son ni elegidas ni seleccionadas por la comunidad o sus representantes elegidos,” dice el informe, aunque esto no fue así en Manhattanville, donde los miembros del LDC fueron seleccionados a través del CB9. “Algunos miembros de la comunidad tienen miedo de que no tengan manera de otorgarle responsabilidad a estos grupos por las negociaciones.”

Continúa, “Ninguno de los CBAs en la Ciudad se han puesto al voto de la comunidad como un conjunto, y alguno de los CBAs negociados no se habían hecho públicos hasta recientemente.”

El único voto de la comunidad sobre el CBA de Manhattanville fue en el Community Board 9, pero la desición final sobre las negociaciones estaba en las manos del LDC, el cual incluía dos miembros del CB9. Esta estuctura permitió que el acuerdo se aprobara—el voto final del LDC fue de 15 votos a favor, dos en contra y dos abstenciones—aún a pesar del voto unánime del CB9 en oposición.

Para trabajar con estas discrepancias, el informe recomienda que la ciudad no considere los CBAs para decidir si aprobar las propuestas de desarrollo, y que “no le da ‘crédito’ a los promotores por los beneficios que han proveído a través de los CBAs,” y que eso “no juega un papel en monitorear, imponer, o alentar” los acuerdos.

La propuesta “197-c” de desarrollo de Columbia tuvo que pasar por el Uniform Land Use Review Procedure de la ciudad, el cual involucró votos del CB9, la Comisión de Planificación de la Ciudad, y el Consejo de la Ciudad de Nueva Yourk, el cual dio la aprobación final para el proyecto en diciembre 2007.

El informe del Bar Association, sin embargo, cuestiona si el proceso del CBA en general puede reducir la oposición a un proyecto y permitir que pase a través del ULURP con consideración insuficiente de sus componentes negativos.

Pero cuando el LDC fue establecido en 2006, Jordi Reyes-Montblanc—entonces, presidente del CB9, quien murió antes de que las negociaciones del CBA fueran completadas—directamente habló sobre estas preocupaciones diciéndole a Spectator, “No hay posibilidad de quid pro quo, que paseremos al ULURP si ellos [el LDC] hacen esto o lo otro.”

Kenneth Fisher, presidente del Bar Association’s Land Use, Planning & Zoning Committee, dijo en un comunicado de prensa acompañando el informe que, “El enfoque actual ad hoc [sin regulación gubernamental] está enviando señales mixtas a tanto la comunidad como a los promotores.”

La portavoz de la Universidad, Victoria Benitez, defendió el proceso del CBA en una declaración por correo electrónico, el jueves, escribiendo, “Hemos trabajado diligentemente con el West Harlem Local Development Corporation y su junta ampliamente representativa para desarrollar un acuerdo de beneficios a la comunidad robusto que todos los participantes piensan resultará en una inversión significantiva, de a largo plazo en una variedad de necesidades sociales, económicas, de educación y de salud locales así como fue determinado por los miembros mismos de la comunidad.”

La Universidad no quizo ofrecer comentarios en las críticas específicas y las recomendaciones hechas en el informe. Las llamadas y los correos electrónicos a los oficiales del LDC—incluyendo al presidente Julio Batista y miembro Donald Notice—no fueron devueltas, y los otros dos miembros, Maritta Dunn y Vicky Gholson no comentaron porque no habían leído el informe.

“Yo pienso que eso [el proceso del CBA] definitivamente empezó con un concepto de buenas intenciones de tratar de tener un espectro grande de intereses representados.” dijo Tom DeMott, CC ’80 y miembro del grupo activista local Coalition to Preserve Community. “Pero...los oficiales elegidos quienes originalmente no se supone que estuvieran en la junta esencialmente invadieron el LDC.”

DeMott era originalmente un miembro del LDC, pero él—conjunto con la residente local Luisa Henriquez y el dueño de Tuck-It-Away Self-Storage, Nick Sprayregen, quien actualmente tiene una demanda pendiente en el New York State Court of Appeals cuestionando el uso del dominio eminente para el proyecto—renunció en 2007, diciendo que el proceso de CBA era “manipulado” a favor de Columbia.

La miembra del LDC Susan Russell, jefa de operaciones para el miembro del Consejo de la Ciudad Robert Jackson, quien apoya los planes de expansión de Columbia, contradijo al New York Observer en 2007 diciendo que los oficiales electos fueron añadidos para “aumentar la base de representación.”

El portavoz de Jackson y el senador estatal Bill Perkins—quien, en oposición a Jackson, continúa oponiéndose a los planes de Columbia—no pudo ser contactado para comentarios en este momento.

En una entrevista la semana pasada, DeMott citó como ejemplo de falta de representación adecuada, que solo uno de los miembros del LDC era hispano.

Cuando le preguntaros si el creía, como el informe recomendaba, que la ciudad debería establecer un proceso de CBA uniforme, DeMott dijo, “Tienes que tener una buena planificación, y si hubieras tenido eso, entonces no necesitarías acuerdos de beneficios para la comunidad.”

Jones se opuso, “En un mundo perfecto, estoy seguro que habrían alternativas asegurando que la comunidad se beneficiaría [del desarrollo]… pero esto todavía no ha salido a la superficie.